Democracia contra ley

El parlamento catalán ha proclamado por gran mayoría que “Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano”. Como se ha repetido mil veces, tal pretensión es ilegal por incumplir radicalmente los dos primeros artículos de la Constitución de la que nace la propia legitimidad de la comunidad autónoma catalana. Muchos políticos y opinadores recuerdan que se trata de una declaración jurídicamente inútil. Es cierto, pero lo que no acaban de comprender los que confunden política con ley es la enorme utilidad política de la maniobra. Por un lado, hacia el interior, pues permite agitar una vez más el rentabilísimo victimismo: “¡Ved de nuevo, catalanes, cómo nos oprime España negándonos el derecho a decidir!”. Y por otro, hacia el exterior: “¡Ved, gobiernos y pueblos del mundo, cómo sigue oprimiéndonos la eternamente dictatorial España, que no reconoce nuestro derecho de autodeterminación, al contrario que el Reino Unido con Escocia!”. 

 

Lo que nuestros adoradores de la ley no comprenden es que todas las normas jurídicas de este mundo fueron hechas para ser modificadas y derogadas, y cuando las constituciones no permiten hacer cambios, se cambian las constituciones. Así ha sido desde Adán. Que nadie crea que los separatistas catalanes son unos incautos o unos incapaces. Todo lo contrario: saben muy bien lo que quieren y lo que hacen. Los dos Orioles, Pujol y Junqueras, lo han dejado muy claro: ésta no ha sido una declaración a favor de la independencia, sino de la democracia. El debate, dicen, está entre los que reconocen el derecho democrático a decidir y los que no. 

 

¿Algún hereje se atreve, en esta época de la Diosa Urna, a quitarles la razón? Antes o después, contra la mitad más una de las papeletas, aunque consagre el mayor de los disparates o la peor de las injusticias, no hay quien rechiste ni argumento que sirva ni ley que prevalezca. 

 

El Diario Montañés, 29 de enero de 2013

 

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