Separatismo catalán: reparación de averías

Primera medida: si un gobierno regional reclama la independencia, no es serio que pida socorro al Estado del que pretende independizarse, así que los 5.000 millones solicitados recientemente no pueden entregarse al enemigo declarado. Por consiguiente, los sueldos del funcionariado catalán el mes que viene no se pagan. Alguno quizá empiece a comprender.

 

Acto seguido, como prevé la Constitución en su artículo 155, si una autonomía incumpliera la Constitución o atentara contra el interés general, el gobierno podrá adoptar cualquier medida que estime oportuna para hacer cumplir la ley y proteger dicho interés general. Como la Constitución define a España como un Estado de Derecho, el gobierno está obligado a tomar medidas contra sus órganos que incumplan la ley y las sentencias, materia en la que la Generalidad es experta. Así pues, son los gobiernos españoles, tanto éste como los anteriores, los que llevan décadas incumpliendo la Constitución. 

 

Por otro lado, dada la celebración en varios municipios catalanes de referendos ilegales e incluso la declaración de alguno como “territorio catalán libre” en abierta rebeldía frente al Estado del que forma parte, el artículo 61 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que el gobierno podrá disolver las corporaciones locales que incumplan sus obligaciones constitucionales.

 

Fácil comienzo para continuar con medidas de más largo alcance como, por ejemplo, cumplir por primera vez los vírgenes artículos constitucionales sobre la inspección educativa para cortar de raíz el adoctrinamiento partidista y la siembra de odio.

 

Sobran, pues, los aspavientos y los artículos, sin duda igualmente aplicables, que atribuyen al ejército la garantía de la integridad territorial y el orden constitucional.

 

Pero desengañémonos: nunca ningún gobierno español tomará estas medidas. Y menos que ninguno, un gobierno del PP, ese partido eternamente tembloroso ante la posibilidad de que le llamen cosas feas.

 

El Diario Montañés, 10 de octubre de 2012

 

 

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